Según el PSOE el Gobierno de Canarias ha incurrido en prevaricación

El diputado majorero Domingo Fuentes Curbelo, que fue quien destapó el escandaloso contrato que ha firmado el Gobierno de Canarias para el arrendamiento de un inmueble en el barrio de Majada de Marcial en Puerto del Rosario, para destinarlo a la sede de la Dirección Insular y la Inspección Educativa de la Consejería de Educación, denuncia que el Gobierno canario rehúye el debate sobre este asunto en el Parlamento, pues desde hace dos meses solicitó la comparecencia de la Sra. Consejera, para que explique los términos de este contrato, sin que hasta el momento Coalición Canaria, que preside esta comisión parlamentaria, haya incluido este asunto en el orden del día de la Comisión de Educación.

Según el diputado socialista, desde el 20 de septiembre de 2007 el Gobierno canario publicó un anuncio en el Boletín Oficial de Canarias en el que se establecían las bases de un concurso para el arrendamiento de un local para la Dirección Insular de Educación. En esas bases se advertía literalmente que el inmueble “debía estar situado en el barrio de Majada Marcial en Puerto del Rosario”. Al parlamentario majorero le parece cuanto menos insólito que, sin ninguna justificación, el Gobierno canario dé preferencia a los locales situados en esas zonas de la ciudad de Puerto del Rosario, a pesar de los muchos locales vacíos, mejor ubicados y de mejor precio que hay en Puerto del Rosario. “Aunque, eso sí, sus propietarios no están en el Consejo Político Local de Coalición Canaria, como lo está el propietario del local alquilado en Majada Marcial”. Para el diputado del PSOE, lo más probable es que la consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que es quién solicitó a la Dirección General de Patrimonio el alquiler del mencionado local, y elaboró el pliego de prescripciones técnicas, “ya tuviera preseleccionado el local de Majada Marcial, mucho antes de realizar el concurso público”, señala Domingo Fuentes.

“Por otra parte -afirma el diputado socialista-, en las bases del anuncio por el que se convocaba el mencionado concurso público se establecía taxativamente que el local ofertado tenía que estar en disposición de ser ocupado en el plazo de un mes desde la formalización del contrato”. El contrato de arrendamiento se adjudicó el 26 de noviembre de 2007 y el día 28 de noviembre se firmó el mismo. Para el Grupo Socialista, “cuando el Gobierno canario firmó este contrato incurre en nulidad, ya que el local seleccionado no sólo no estaba en condiciones de ser ocupado en el plazo de un mes desde la formalización del contrato, sino que ni siquiera estaba terminado, por lo que el Gobierno tuvo que contratar a una empresa y destinar más de 200.000 euros de las arcas públicas para finalizar una obra privada y adaptarla a las necesidades del servicio”. “Además -señala el diputado socialista-, el Gobierno de Canarias ha estado pagando la desorbitada cantidad de 3.733,22 euros mensuales, incrementada anualmente según la subida del IPC (derroche injustificable en tiempos de crisis) durante casi tres años a la empresa arrendadora, sin poder ocupar el local, ya que las obras no estaban terminadas”. La han ocupado, tras la denuncia del diputado socialista, a toda prisa y corriendo a finales del verano de 2010. A todo esto hay que añadir los gastos del mobiliario, así como el hecho de que durante esos mismos tres años que tardaron en ocupar el local, el Gobierno de Canarias estuvo pagando a la vez el viejo local que han venido ocupando en la calle Virgen de la Peña de Puerto del Rosario. La Consejería de Educación, la misma que no encuentra recursos económicos para arreglar los problemas de Educación en Fuerteventura, señala Domingo Fuentes, “dilapida casi medio millón de euros del presupuesto de todos los canarios por su ineficacia manifiesta y cometiendo además toda clase de irregularidades. Con un poco más habrían hecho un edificio de usos múltiples para todos los locales que el Gobierno canario tiene alquilados en Fuerteventura”.

Para el diputado socialista, “resulta igualmente extraño que el pliego de condiciones publicado en el anuncio del Gobierno establezca que la superficie construida del local a alquilar debería oscilar entre los 300 y los 410 metros cuadrados, ni más ni menos. Y que además dispusiera de un sótano o semisótano con una superficie entre 250 y 300 metros cuadrados. Lo que implica, a priori, descartar todos los locales con una superficie mayor o menor”.

Para colmo de males, se ha comprobado que el inmueble alquilado (expediente municipal 33/06) vulneraba la normativa urbanística de Puerto del Rosario y no contaba con las correspondientes licencias y certificados de legalidad en el momento en que se hace público el anuncio del Gobierno canario para un contrato de arrendamiento, debiendo la propiedad elaborar a toda prisa y contra reloj un proyecto de reformado, “que contó con la colaboración inestimable del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que tramitó el expediente de legalización en un tiempo record, desconocido para los miles de ciudadanos de Puerto del Rosario que esperan eternamente por la resolución de sus expedientes”.

A todas luces se desprende que el criterio de “disponibilidad” del inmueble pudo ser “determinante” a la hora de adjudicar el contrato a la empresa de un dirigente de CC a la que se le adjudicó. Por otra parte se incurre en prevaricación, ya que se ha tomado una resolución injusta, firmado un contrato, a sabiendas de que haciéndolo se vulneraban las propias bases publicadas por el Gobierno de Canarias en el Boletín Oficial de 20 de septiembre de 2007, ya que el inmueble no estaba en disposición de ser ocupado en el plazo de un mes desde la formalización del contrato.

En Puerto del Rosario, a 15 de noviembre de 2010