El grupo de Nueva Canarias en la capital majorera, considera desafortunadas las declaraciones de la concejala de Planeamiento y Urbanismo de Puerto del Rosario, Doña Carmen Delia Gutiérrez, que fundamenta el retraso del Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.), en cuestiones como los cambios legislativos, la regulación de los pueblos y la colmatación de la ciudad.

Desde la formación política Nueva Canarias valoramos que las dificultades y obstáculos que han existido en la tramitación del PGOU, no son excusa suficiente para justificar el tiempo transcurrido sin que se hubiera conseguido aprobar este instrumento de planeamiento, y más teniendo en cuenta que Coalición Canaria ha contando en el Ayuntamiento de la capital con mayorías muy holgadas o absolutas, así como un Cabildo Insular y un Gobierno Autónomo del mismo color, por ello no se entiende que se dejará caducar el plan.

Muchos vecinos desconocen la terminología jurídica de la declaración de caducidad administrativa, que únicamente supone que ha transcurrido el plazo máximo legal para la aprobación del instrumento, provocando que no habiendo finalizado los trámites dentro de los plazos acotados, se declare la caducidad y el consiguiente archivo de las actuaciones. Eso sí permitiendo comenzar nuevamente el mismo procedimiento, que se inició hace ya años, nuevamente con el riesgo de que vuelta a caducar.

David Casalins señala que “la inactividad no puede justificarse. El PGOU es un instrumento de planeamiento de vital importancia para una ciudad como Puerto del Rosario. El PGOU debió haberse aprobado hace cinco años, cuando la ciudad se encontraba en expansión, aún así, en la actualidad debe ser prioritario y no se entiende las excusas con las que suelen responder los miembros del grupo de gobierno de la capital. Hablamos de dejar caducar un instrumento básico de ordenación, sin que nadie se responsabilice, algo que parece muy normal en la vida política de la ciudad. No es legítimo que los concejales vinculados a áreas como urbanismo o planeamiento aleguen dificultades como los cambios legislativos u otras de carácter técnico. Estamos hablando de concejales, en su mayoría liberados, (que cobran de las arcas públicas), y que en teoría lo son, como manifiesta el Alcalde, para que asuman competencias.

A muchos de nosotros, aún nos suena que pese a la campaña de austeridad y las promesas de reducir los liberados, Marcial Morales finalmente liberó a todos sus concejales con el argumento de: “la tarea que tenemos por delante nos obliga a que todos los compañeros deben de tener competencias y por tanto deben ser liberados”. Palabras que para nada convencen si atendemos al coste que suponen estos concejales a la ciudad y vemos el estado de los grandes temas pendientes de Puerto del Rosario, el PGOU, el desmantelamiento de la Central Eléctrica, el acondicionamiento del litoral del Charco, entre otros.

El actual grupo de gobierno debe reducir en liberados, asumir responsabilidades y hacer frente de una vez por todas a estos temas, impulsando definitivamente el PGOU, que no puede quedar olvidado, procediendo a la tan insistida delimitación de los asentamientos urbanos, pero siempre intentando el consenso con las otras fuerzas políticas, los vecinos y el resto de los agentes sociales.

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