Para que el ejercicio del poder sea lo menos totalitario posible, estimamos imprescindible la existencia de una oposición (parlamentaria o extraparlamentaria, como se vea) contumaz y rigurosa que sea capaz de fiscalizar todas las actuaciones que se llevan a cabo desde las mayorías de gobierno.
Viene esto a colación por una serie de acontecimientos sucedidos en los últimos meses, fundamentalmente en el Ayuntamiento de la capital de la isla y en el Cabildo Insular, en relación con lo siguiente:
Las obras cuentan con un presupuesto de 4 millones de euros y unos honorarios profesionales para el arquitecto de 280.000.-?. Los terrenos fueron previamente comprados por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario a los herederos de Juan y Wenceslao Berriel por un importe de 624.169.-? a pesar de estar afectados por la servidumbre de paso marítimo terrestre. Se da la circunstancia, además, de que en el lugar destinado para el citado proyecto, el PGOU de Puerto del Rosario, no contempla tal posibilidad, al estar catalogado como zona verde, por lo que han tenido que contratar los servicios del "único" arquitecto capaz de resolver tal problema, mediante una modificación puntual. Y éste no es otro que Miguel Cabrera.
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Construcción de un auditorio-mamotreto en Los Pozos, frente al campo de fútbol, proyecto redactado por otro prohombre de CC, como es Jorge Sastre y aparejador Carlos Hernández también de CC.
Ahora, una vez que está a punto de finalizar la obra, se dan cuenta que el PGOU no contempla ese tipo de edificaciones en esa parcela, y por tanto, habrá que modificar dicho Plan de Ordenación para darle cabida a una edificación de 40 metros de altura ¿Pero cómo van a modificar el PGOU si ya está construído? Lo legal sería demolerlo, y luego si se aprueba la modificación, construirlo. En cualquiera de los casos, lo cierto es que se ha concedido una licencia ilegal por no adaptarse al planeamiento urbanístico vigente.
Dichos terrenos fueron incautados a la familia Berriel durante la dictadura y ahora están reclamándolos por la vía judicial al Estado para que reviertan a los propietarios originales, con lo cual tendrán que indemnizarles, en el caso que se lleve a cabo cualquier tipo de actuación en esos terrenos. Los mismos están calificados como rústicos y deberán ser recalificados urbanísticamente para después ser urbanizados, de lo cual se beneficiarán los propietarios, naturalmente. No podemos olvidar que la Vicerrectora de la Universidad de Las Palmas es Rosario Berriel y su hermano Domingo es el Consejero de Urbanismo del Gobierno de Canarias.
Resulta lamentable que los partidos políticos en la oposición, con medios y sueldos para liberados, sean incapaces o carezcan de la voluntad necesaria para poner contra las cuerdas a las mayorías de gobierno donde se cometen todo ese tipo de tropelías.
Seguro que existen muchos más casos dignos de mencionar pero nuestras posibilidades como medio altruista para trasladar a la opinión pública hechos que por otros canales no se conocerían, son escasas aunque en constante crecimiento.
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