El Alto Tribunal tendrá la última palabra sobre los casi 12 millones de euros en litigio

El Tribunal Supremo (TS) ha decidido admitir a trámite el recurso del Gobierno de Canarias contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas sobre el «caso Tindaya». Esta resolución había exonerado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria del proyecto de la devolución de los casi 12 millones de euros que reclama el Ejecutivo del Archipiélago.

De modo que la controversia sobre la montaña de Tindaya, en Fuerteventura, no ha llegado a su fin. Por medio de un auto del pasado día 17, al que ha tenido acceso ABC, la sala de lo Civil del Alto Tribunal acordó admitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal contra la sentencia que la Audiencia de Las Palmas dictó el 8 de febrero de 2011. Ambas reclamaciones fueron interpuestas por el Gobierno de Canarias y las empresas públicas Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT) y Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (Saturno).

El pronunciamiento del tribunal provincial desestimó el alegato de la Administración de las Islas contra una resolución previa que dio la razón a la UTE integrada por las sociedades FCC Construcción y Necso Entrecanales, UTE que fuese adjudicataria del macroproyecto a desarrollar en la montaña majorera. La sentencia original fue promulgada el 15 de febrero de 2008 por el Juzgado de Primera Instancia número ocho de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, este juzgado exoneró a las empresas de la devolución de los 11,8 millones de euros que reclama el Gobierno autonómico, una cantidad que, según la UTE, se destinó para «gastos de estudio e implantación», si bien no se ejecutó trabajo alguno sobre el terreno. Y aun más, porque también se reconoció el derecho de FCC y Necso a recuperar el monto de la garantía, más de 2,1 millones, y a cobrar los intereses. Cabe recordar que el inicio del conflicto se remonta al período de Román Rodríguez como presidente de la comunidad autónoma.

Disconforme con la postura inicial de la Justicia, el Ejecutivo apeló contra la decisión en la Audiencia Provincial de Las Palmas, cuya sección tercera, el susodicho 8 de febrero del año pasado, ratificó los argumentos del Juzgado de Primera Instancia y, por si fuera poco, cargó a la Administración el pago de las costas del proceso. En resumen, el tribunal de la demarcación oriental consideró que la comunidad autónoma no puede alegar sentirse «engañada» por la UTE y la empresa Cabo Verde —propiedad de Rafael Bittini y copartícipe en PMMT—, habida cuenta de que también era parte conocedora del proyecto. No en vano la misma PMMT es empresa pública y, por tanto, está también participada por medio de fondos de la región. Ahora, el Supremo habrá de resolver.

M. Á. MONTERO / SANTA CRUZ DE TENERIFE

Día 01/02/2012

Fuente:

http://www.abc.es/20120201/comunidad-canarias/abcp-admite-recurso-contra-sentencia-20120201.html